Opinión


Una consulta popular demagógica

Una consulta popular demagógica | La Crónica de Hoy

Para mantener polarizada a la sociedad López Obrador impuso una inútil y onerosa consulta popular. Solicitada al Senado de la República el 15 de septiembre pasado con la justificación de que “los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante los últimos 30 años fueron el resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”, la iniciativa fue enviada a la Suprema Corte para determinar su constitucionalidad.

Ante las dudas sobre la pulcritud jurídica de la iniciativa presentada y frente a la posibilidad de ser considerada “un concierto de inconstitucionalidades”, el Primer Mandatario amenazó con modificar la Constitución para garantizar la realización de su capricho. Frente a ello, el Máximo Tribunal optó por reformular la pregunta para hacerla más genérica. De esta forma el próximo domingo 1 de agosto el INE convocará a la población para responder una pregunta que se sintetiza así: ¿está usted de acuerdo en que se aplique la ley?

Democracia significa poder del pueblo. Su pureza conceptual afirma que existe una coincidencia entre quienes toman las decisiones y quienes deben obedecerlas. Implica además, una coincidencia entre gobernantes y gobernados, y es aquí donde radica el fundamento de la obediencia a la ley. No porque a través de la ley se exprese la voluntad divina o se realicen los propósitos de un soberano sabio o benevolente.

No porque la ley corresponda a la voluntad del pueblo o a los sentimientos de la nación. No porque sea fruto de la racionalidad y la justicia o la expresión del orden natural de las cosas. Tampoco porque el caos produciría una situación peor a la peor de las leyes. Nada de todo esto. De acuerdo con el ideal democrático, a la ley se le debe obediencia porque actuar de acuerdo a ella es actuar en función de la voluntad propia. El ideal democrático proyecta, por lo tanto, un ideal de autogobierno y su realización significa el cumplimiento de la humana aspiración a la libertad.

Sin embargo, creer que la participación ininterrumpida puede resolver la actual crisis económica, política y sanitaria simplemente atribuyendo todo el poder de decisión directamente al pueblo es ilusorio y resulta peligroso. En un contexto donde los comportamientos políticos degenerados abundan, ampliar el círculo de los titulares del poder político sin intervenir sobre las causas de la degeneración, significa simplemente fomentar la política de la demagogia y del engaño.

La experiencia histórica demuestra que allí donde el pueblo ha sido llamado a decidir, en realidad solo se ratificaron decisiones previamente tomadas por otros. Ejemplos abundan, como la votación popular que atribuyó en 1802 a Napoleón Bonaparte el título vitalicio de Cónsul, el plebiscito convocado por Benito Mussolini en 1929 donde los electores solamente podían expresar con un Sí o un No su postura sobre la lista única de candidatos del régimen fascista, el referéndum francés de 1969 para descentralizar las regiones que alejó del poder a Charles de Gaulle, el plebiscito de 1988 para la renovación del mandato del dictador chileno Augusto Pinochet o el referéndum de 2019 promovido en Egipto por otro dictador, el presidente Abdelfatah Al-Sisi, con el cual pretende legitimar su permanencia en el poder hasta 2030.

El teórico de la democracia directa, Juan Jacobo Rousseau advierte que la voluntad de la mayoría no realiza inevitablemente el interés general, sino que puede por el contrario, negarlo. El resultado de la suma de los egoísmos es un egoísmo más grande y no la solidaridad necesaria para la cohesión social. La consulta populista que viene tendrá por resultado el hastío ciudadano.

 

isidroh.cisneros@gmail.com

Twitter: @isidrohcisneros

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