Opinión


Texas y la soberanía energética

Texas y la soberanía energética | La Crónica de Hoy

La electricidad se ha vuelto a poner de moda, pero por las razones equivocadas. 

Por una parte, tuvimos un gran apagón en el norte del país, ligado al desabasto de gas proveniente de Texas, que fue seguido de lo que las autoridades llamaron eufemísticamente “cortes aleatorios” de electricidad en 12 estados del país. Se inestabilizó el servicio “para mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico del país”, escribió Bartlett, en perfecto doublethink.  

Por la otra, tenemos la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que significa dar una fuerte reversa a la reforma energética aprobada en el sexenio pasado, y que le otorga a la CFE preeminencia y, de hecho, poderes monopólicos en el sector.

La intención declarada del presidente López Obrador es recuperar lo que él llama la “soberanía energética” del país. Ese ha sido uno de los ejes de su política a lo largo de estos dos años.

Lo que sucedió en Texas, donde una gran parte de la población se quedó sin luz y también sin agua (la bomba no sube), nos da idea de dos cosas: una, de los riesgos y excesos de un sistema totalmente privatizado; otra, que a veces los extremos se juntan, porque los texanos también presumían de una suerte de soberanía energética, que se comprobó falaz, y eso que Texas produce muchísimo más petróleo que varios países, México incluido.  

Texas es el único estado de la Unión Americana que tiene un sistema de electricidad aislado e independiente de otros mercados. Depende de sus propios recursos (es “soberano”, pues). Esto significa que no hay infraestructura fuera de Texas que pueda permitirle importar energía. Llegó la crisis y no pudo conectarse con el resto del país: se quedó con sus carencias. La autarquía es un mito. Y cuando no lo es, cuesta mucho.

La mitad de la energía en Texas depende del gas natural; la ola de frío obligó a cerrar las fuentes. Como se trata también de un mercado sin regulación -el sueño de los neoliberales-, los precios de la energía saltaron de un día para otro, multiplicándose por diez (y, en momentos, por cien). Una locura.

Se ha criticado, con razón, que el gobierno de México, en su inveterado optimismo y su austeridad suicida, no haya comprado coberturas con el precio del gas. Pero las coberturas tienen límites. No sé si, aún con la cobertura, le hubiera alcanzado.

La falta de regulación en Texas también implicó que las empresas privadas, en su lógica de maximización de la ganancia, invirtieran poco o nada en medidas para protegerse de una eventualidad climática como la que hubo (medidas que son utilizadas en otras partes del mundo, y ya había habido una advertencia, con las tormentas invernales de 2011).

Curiosamente, el gobernador republicano de Texas, en vez de asumir que había sido un problema de falta de regulación y de soberbia soberanista, le echó la culpa a las energías renovables, que cubren menos de la tercera parte de las necesidades del estado, porque las turbinas eólicas se congelaron y el poco sol derivó en menos generación por esa vía. Como quien dice, Abbott tiene otros datos y no piensa corregir rumbo.

El 60% de la electricidad en México se produce vía gas natural y aproximadamente el 70% de ese gas es importado. México decidió importar en vez de producir porque es más barato. Además, aunque México había proyectos para el gas natural, pero las rondas para la cuenca de Burgos fueron canceladas por el gobierno de López Obrador, porque había asociación público-privada. Y ya se sabe, los privados roban al pueblo. 

La composición de las fuentes de energía pudo haber cambiado si se utilizaran más las energías alternativas, eólica y solar, que son más baratas, pero eso -a falta de inversión pública en esas energías- implicaba dejar una parte del mercado en manos privadas. Por ello se busca reinstaurar el monopolio de la CFE en la generación y distribución de electricidad. No importa que, al basarse en combustibles fósiles, sea más cara y contaminante, que no se hayan creado las condiciones para explotar más el gas existente en el país y que la producción de petróleo siga a la baja. La única ventaja de corto plazo -pero mayor desventaja en términos medioambientales- es que se podrá quemar el combustóleo de baja calidad del que México tiene de sobra, con las termoeléctricas de la Comisión echando humo a todo lo que dan.

La reforma que impulsa López Obrador hará que nuestro país se aleje cada vez más de cumplir los compromisos internacionales que adquirió (y, de hecho, impulsó) respecto al cambio climático. 

También retrasará el desarrollo de nuevas energías y generará controversias legales internacionales de todo tipo. Pero eso no importa, porque se habrá dado un paso importante de regreso a la rectoría del Estado (entendida como redefinición de reglas para que la cancha sea lo suficientemente dispareja como para permitir al jugador local, la empresa pública, dominar el mercado a pesar de sus ineficiencias)

AMLO critica a quienes promueven el libre comercio mientras protegen a los monopolios. Hace bien en denunciar esa hipocresía. El problema es que México ha promovido el libre comercio, y el propio López Obrador se ha interesado en ello, dando concesiones para que se aprueba el T-MEC, y la propuesta de política energética del gobierno es mover a Pemex y a la CFE hacia controles monopólicos.

Al final -y más, si los legisladores obedecen al Presidente y no le mueven una coma a la iniciativa-, esas contradicciones las acabaremos pagando todos, ya sea como consumidores, con mayores precios, o como ciudadanos, con mayores subsidios a la empresa pública. Y como seres humanos, con una peor calidad del medio ambiente.

Todo sea por la coyuntura. Y, por cierto, seguiremos importando grandes cantidades de gas de Texas.

 

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