Opinión


Intensa e impune Operación Pegasus

Intensa e impune Operación Pegasus | La Crónica de Hoy

El software de espionaje Pegasus fue utilizado para vigilar 50 mil números de teléfonos celulares en diez países. De esos teléfonos, 15 mil eran mexicanos. 

   Esa cifra permite reconocer la insistencia y la intensidad del espionaje telefónico en nuestro país. Los datos que se conocieron ayer, gracias a una investigación periodística internacional, corresponden a registros de 2016 y 2017, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

   El espionaje telefónico es posible gracias a la infiltración de los celulares con programas que los usuarios no detectan. Pero es, sobre todo, un recurso de estados policiacos y totalitarios. Los jueces, en situaciones de excepción, pueden autorizar la intercepción de teléfonos para acechar y combatir a delincuentes. Sin embargo en México y otros sitios se ha realizado espionaje con propósitos políticos. 

   México coincide, en esa práctica, con países de dudosa o nula democracia. En Azerbaijan fueron espiados al menos 48 periodistas, en India 38 y otros tantos en Marruecos, en Emiratos Árabes Unidos 12. En México hay registro de por lo menos 25 periodistas cuyos celulares fueron interceptados.

   Desde hace al menos cuatro años se sabía que el programa Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group, fue empleado en México para espiar a periodistas y activistas sociales. Ese software reenvía conversaciones, mensajes y la ubicación del teléfono así interceptado e incluso puede activar la cámara y el micrófono del celular. En sus primeras versiones Pegasus se instalaba cuando el usuario del teléfono abría una liga recibida por correo o mensajería, pero ahora puede ser infiltrado gracias a fallas de seguridad en celulares Android o iPhones. La empresa israelí dice que sólo vende el software a agencias de inteligencia y organismos policiacos gubernamentales.

   Las nuevas revelaciones sobre el espionaje apuntalado en ese software se deben a la filtración de una lista con 50 mil números de teléfonos celulares vigilados por clientes de NSO Group. A partir de ella la organización Forbidden Stories, que promueve el periodismo de investigación, coordinó a 17 medios internacionales para localizar y revisar algunos de esos aparatos telefónicos con apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional. Más de la mitad de los teléfonos examinados tenían huellas de haber sido infiltrados con el programa Pegasus.

   En la investigación participan, entre otros, The Guardian, The Washington Post, Le Monde y los medios mexicanos Proceso y Aristegui Noticias. De acuerdo con The Guardian, en la relación de números vigilados se encuentran los teléfonos de “centenares de ejecutivos de empresas, figuras religiosas, académicos, empleados de organismos no gubernamentales, funcionarios de sindicatos y gobiernos, incluyendo miembros de gabinetes, presidentes y primeros ministros”.

   En México, de acuerdo con Proceso, entre los celulares intervenidos están los de al menos 25 periodistas, entre ellos Ricardo Alemán, Pascal Beltrán del Río, Alejandro Caballero, Jorge Carrasco, Salvador García Soto, Luis Hernández Navarro, Pablo Hiriart, Lourdes Mendoza, Ricardo Raphael, Raymundo Riva Palacio, Rafael Rodríguez Castañeda, Ignacio Rodríguez Reyna, Yuriria Sierra, Marcela Turati y Jenaro Villamil. También estaba el número telefónico del reportero Cecilio Pineda, que fue asesinado el 2 de marzo de 2017 en Ciudad Altamirano y que había denunciado vínculos políticos de grupos de narcotraficantes en Guerrero.

   En junio de 1919 la Red de Defensa de Derechos Digitales  y The New York Times informaron que el gobierno de Peña Nieto empleaba Pegasus para espiar a periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga y a directivos de organizaciones no gubernamentales. Se supo entonces que, en México, Pegasus era utilizado por la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

   La confirmación del espionaje a periodistas, así como a otros ciudadanos, constituye un motivo más para que la justicia mexicana se ocupe de las numerosas ilegalidades del gobierno de Peña Nieto. Por otra parte el presidente López Obrador podrá confirmar, con esa lista, que muchos de los periodistas a quienes hoy acusa porque difunden informaciones que no le gustan eran espiados por gobiernos con los que, según él, contemporizaban. Lo mismo ocurre con organizaciones sociales a las que AMLO desacredita y que eran víctimas de vigilancia telefónica.

   El actual gobierno dirá que el espionaje ya no existe, pero se requieren garantías y mecanismos de fiscalización eficaces para asegurar que esas prácticas desaparezcan. La periodista Marcela Turati, entrevistada en Proceso, advierte: “No podemos decir que esto ya se terminó, porque no sabemos qué ha hecho este gobierno por la denuncia que se puso en el tema de Pegasus y tampoco vemos una depuración de las estructuras en algunas áreas de la PGR, donde se han albergado las cabecillas de estos grupos dedicados al espionaje”.

   Más allá de la intercepción telefónica, la protección a los periodistas en riesgo resulta cada vez más débil e ineficaz. En una nota sobre el asesinato hace cuatro años de Cecilio Pineda, The Guardian dice en su edición de este domingo: “México es el país más peligroso del mundo para los periodistas, fuera de las zonas de guerra. El mes pasado dos periodistas fueron asesinados en una semana, con lo cual la cifra de muertos ascendió al menos hasta 86 desde 2010, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas”.

   En México tenemos que asegurarnos de que el espionaje, a cargo del gobierno o de cualquier institución o grupo, sea indagado y sancionado. Por desgracia con demasiada frecuencia medios y gobierno propalan, e incluso celebran, conversaciones telefónicas que han sido registradas de manera ilegal.

 

 

 






 

 

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