Opinión


En el cabús del debate. Los órganos constitucionales autónomos

En el cabús del debate. Los órganos constitucionales autónomos | La Crónica de Hoy

El presidente de la República, en uno de sus anuncios inesperados de las mañaneras, informó tres reformas constitucionales para la segunda mitad del sexenio. La contrarreforma eléctrica, el rediseño del sistema electoral para darle auténtica autonomía al INE y la eliminación de las diputaciones de representación proporcional y la incorporación de la guardia nacional a las fuerzas armadas.

Con independencia de que la autollamada 4T perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que es necesaria para llevar a cabo modificaciones constitucionales, el sentido de las futuras propuestas se bosqueja concentrador de facultades económicas, políticas y administrativas en el gobierno con un modelo jerarquizado, vertical y burocrático.

Este proyecto constitucional-legislativo abre el debate respecto a la conveniencia de fortalecer la gobernanza como estrategia político-institucional de obtener la gobernabilidad en un mundo globalizado. Las ecuaciones: más gobierno es igual a menos gobernanza y menos gobierno es igual a más gobernanza, permiten fijar la ubicación en el mismo.

¿Qué es el gobierno? El aparato del Estado para lograr la acción colectiva, cuya existencia es condición indispensable para que exista la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La red de actores políticos, económicos y sociales que interactúan entre sí para administrar los asuntos públicos en un territorio, un sector o actividad específica.

Si el gobierno concentra poder y facultades, como sucedía en el modelo autoritario del Estado intervencionista del siglo XX, entonces éste desplaza la participación de otros actores -otras visiones- de la toma de decisiones colectivas. En este sentido, se inscribe la contrarreforma eléctrica que pretende reconcentrar el control del sector en la CFE.

Si el poder social se ejerce en un espacio institucional en el que se respeta el veto de entidades con autonomía regional, funcional o técnica, que corresponde al modelo participativo y abierto de buen gobierno del Estado constitucional de derecho de inicios del siglo XXI, entonces el poder ejecutivo se convierte en una entidad pública con primacía por su carácter democrático y popular, cuyo éxito en su acción está vinculado con una permanente coordinación con entidades que gozan de autonomía en diverso grado tanto públicas como privadas.

Los defensores de que haya más gobierno y menos gobernanza, proponen la desaparición de las autonomías constitucionales o la reducción de su presupuesto, que es el centro de la cuestión a resolver en la acción de inconstitucionalidad promovida por el IFT en contra de la reforma que determina la creación Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (El Economista, 15-06-21).

Los promotores de más gobernanza y menos gobierno, impulsan la mayor participación de la sociedad y el mercado en las decisiones institucionales y el fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos (OCAS) y se oponen a que el gobierno reasuma las funciones electorales, de control de la inflación, de garantía de la transparencia y acceso a la información, de regulación de la competencia económica y del servicio público de telecomunicaciones, entre otras.

La discusión pública sobre la conveniencia, utilidad o permanencia de las autonomías constitucionales es el cabús del debate. Está muy lejos de ser vanguardista. En este bache político está atorado el discurso presidencial y ha provocado que parte de la academia se haya estancado en la justificación de su existencia, mientras un sector permanece sin estudiarlas y, por lo tanto, sin comprenderlas.

Las tres propuestas de reformas constitucionales van en sentido contrario a lo que sugieren los modelos democráticos de gestión pública y a la clara expresión ciudadana en las urnas el 6 de junio que se manifestó en contra de la concentración del poder en un individuo, aunque este sea honesto y tenga las mejores intenciones. La gobernanza como un medio de control institucional del poder es un hecho político estructural.

En ese sentido, el debate jurídico-administrativo debe orientarse a la mejora de los procesos relacionados con los OCAS, como el nombramiento de sus integrantes, el control interno, la rendición de cuentas, la transparencia, entre otros temas y su análisis certero contribuirá a que los efectos positivos esperables por su existencia sean mayores.

Hoy, en lugar de estar discutiendo la conveniencia de la existencia de la COFECE u otros entes autónomos, hay que estar atentos al proceso de designación del presidente de la misma que se lleva a cabo en el Senado y que requiere de una mayoría calificada, es decir, de acuerdo de las fuerzas políticas o al fondo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el IFT, en el que se planteó la falta de competencia del Congreso de la Unión para establecer requisitos a la prestación del servicio público de telefonía móvil. El debate jurídico-político debe enriquecerse. 

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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