Opinión


Plan Marshall para la región del T-MEC

Plan Marshall para la región del T-MEC | La Crónica de Hoy

El efecto de la COVID-19 para las economías del mundo empieza a revelar su severidad. Aunque con impacto diferenciado, no hay país en el planeta que escape a sus consecuencias. Los gobiernos de cada país han anunciado medidas que, en formas diversas, buscan atenuar sus repercusiones. Sin duda, la extensión y gravedad de la situación ameritará acciones de carácter nacional, regional y global.

En el ámbito nacional, el gobierno de México ha privilegiado las acciones orientadas a proteger la salud y a la contención de las amenazas de pobreza para amplios segmentos de la población. En ese sentido avanzan las medidas que anunció el Presidente de México el pasado 5 de abril: el pago anticipado de la pensión para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para estudiantes de todos los niveles escolares; el impulso al empleo y a la producción mediante programas de apoyo a sembradores de parcelas y árboles, a jóvenes aprendices, a pescadores, a productores de caña y café, y la construcción de escuelas, de caminos rurales, de infraestructura hidráulica y de vivienda. Esos programas, se estima, alcanzarán a 22 millones de mexicanos. En la medida en que esas acciones mantienen y fortalecen el consumo local tienden a preservar el tejido microeconómico, que representa una proporción importante de la economía nacional.

Por su parte, el pasado 7 de abril el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer un conjunto de propuestas para enfrentar la contingencia económica producida por la COVID-19. Propuso un plan que debería ser suscrito por el gobierno, los empresarios, los trabajadores y el sector social. Entre las medidas planteadas se encuentran: diferir el pago de contribuciones a la seguridad social; dar garantías (es decir que el gobierno sea el aval) a créditos mediante la banca de desarrollo en un programa por 100 mil millones de pesos; utilizar el programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez; diferir pago de impuestos sin cargo de intereses; operar una compensación universal para todo el año y establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. Con excepción de este último punto, que fue respondido positivamente, el CCE considera que el gobierno cerró la puerta a sus propuestas.

Más allá del potencial impacto negativo que pudiera tener un eventual aplazamiento en el pago de impuestos y en las aportaciones a la seguridad social tanto para los indicadores de déficit público como para el perfil y monto de nuestras deudas públicas externa e interna, es un hecho que cualquier aporte económico gubernamental se quedaría corto frente a la colosal magnitud de esos requerimientos (sobre todo, de hacerse efectivos los avales que se brinden). Y ello se debe a que, desde 1985, se apostó por el empequeñecimiento del gobierno, por la preservación de un régimen impositivo de baja capacidad recaudatoria, por el endeudamiento creciente y por el quebranto de las empresas del Estado. En suma, se optó por reducir el acopio y disponibilidad de recursos públicos.

A nivel nacional, cabe esperar que durante el mes de mayo, o tan pronto se anuncie la reducción gradual del estado de confinamiento actual, y una vez que se haya valorado el impacto de la emergencia sanitaria en las finanzas públicas, se den a conocer apoyos adicionales a los ya anunciados para un millón de microempreas por un total de 25 mil millones de pesos.

Por otra parte, no debemos perder de vista que, en la región que abarca el T-MEC, se han construido encadenamientos productivos transfronterizos que son, junto con la amplitud de su mercado, los que sustentan su elevada capacidad económica. La crisis producida por la COVID-19 ha puesto en jaque a esos encadenamientos y, en consecuencia, a las empresas que en México forman parte de ellos. Cabe recordar que nuestra economía depende, en una elevadísima proporción, de esos intercambios. Por lo que su afectación prolongada pondría en riesgo millones de empleos en los tres países. De ahí la urgencia de establecer acuerdos de apoyo económico regional, equivalentes al Plan Marshall cuya ejecución, después de la segunda guerra mundial, impidió poner en riesgo la viabilidad de ningún país y favoreció la creación de mecanismos de recuperación coordinada y expedita. Para el espacio del T-MEC y, por supuesto, tan pronto lo permita la contingencia de salud, deben ejecutarse acuerdos equivalentes para hacerse cargo de los vínculos de la región México, Estados Unidos y Canadá; pero también con otras regiones del mundo. Como con China, que suministra una importante proporción de componentes a esas cadenas productivas, o Alemania, Japón, o Corea del Sur, en tanto poseedoras de las matrices más importantes de empresas automotrices y de tecnología. Nuestra diplomacia ha dado ya sobradas muestras de su capacidad para emprender con éxito iniciativas de este tipo.

Ese esfuerzo regional se torna aún más urgente a la luz de la parálisis de los organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que más allá del anuncio de montos que se antojan escasos —el FMI anunció la disponibilidad de apenas la mitad de los recursos de recuperación que el gobierno de Trump aprobó sólo para su país—, no han anunciado programas específicos acordes con la gravedad de la situación.

La magnitud del desafío ameritará, además, de un esfuerzo social de magntitud nunca antes vista en tiempos de paz. Debemos estar preparados para ello.

 

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