Opinión


La paja en el ojo ajeno, la viga en el propio. El outsourcing.

La paja en el ojo ajeno, la viga en el propio. El outsourcing. | La Crónica de Hoy

La exposición de motivos del proyecto de decreto sobre la subcontratación de personal, popularmente conocida como outsourcing, es el prototipo de la contradicción entre el discurso político, la realidad económica y la insuficiencia normativa.

La iniciativa pretende promover el empleo haciendo más rígida la contratación laboral y aumentado su costo, busca prohibir la subcontratación, pero al mismo tiempo reconoce que debe existir y propone regularla con mayor precisión y acepta que la práctica del outsourcing es natural al desarrollo del mercado de trabajo y que es necesario para la “materialización de distintas funciones”, pero la condena por afectar los derechos de los trabajadores y ser una vía para la evasión fiscal.

En los seis primeros párrafos de la mencionada exposición demuestra que es un problema complejo, que envuelve las relaciones laborales en el mundo desde hace más de cuatro décadas, y pretende resolverlo ilusoriamente con una reforma legislativa prohibicionista, regulatoria y punitiva.

El problema a resolver de fondo es la participación del trabajo en el PIB, es decir, que las personas que viven de su esfuerzo, asalariados o no asalariadas, reciban una mayor porción del pastel y que éste se reparta mejor entre la población. Este debiera ser el objetivo de cualquier reforma laboral y de seguridad social en el siglo XXI.

Las preguntas son: ¿Cómo lograr que el bienestar de la mayoría de la población aumente como resultado de su contribución a la economía nacional y no sólo como resultado de la dádiva gubernamental? ¿Cómo apoyar a quienes por alguna circunstancia especial no pueden ejercer su derecho a un trabajo digno y renumerado?

En el siglo pasado la ruta para distribuir con mayor equidad el PIB fue el tripartismo y el impuesto sobre la nómina (aportaciones de seguridad social) como principios del derecho del trabajo y la seguridad social. Este modelo funcionó hasta los años ochenta en que las tasas de incorporación al seguro social eran crecientes, pero se estancó en menos del 40% de la población económica activa. Esto significa que el resto no recibe los beneficios del modelo.

En los años noventa, la vía para aumentar el empleo formal o sólo conservarlo fue la “flexibilización” de las reglas de contratación que impactó a las organizaciones -públicas y privadas- y consistió en la subcontratación de servicios esenciales y especiales. En este contexto, en una empresa o entidad pública surgieron por lo menos dos tipos de trabajadores en los extremos de la oferta: a) aquellos que gozan de la totalidad de las prestaciones y b) quienes sólo reciben la remuneración mensual sin ninguna otra prerrogativa.

Esta realidad, que es a la que se refiere la iniciativa, generó la extensión de la subcontratación que tiene tres formas: el intermediario de la contratación que selecciona, recluta y capacita; el prestador de servicios que recibe las instrucciones de la empresa principal y el pago de una empresa subcontratada; la empresa que presta un servicio especializado subcontratado con su propio personal bajo sus órdenes y sueldos inferiores, como sucede con vigilancia, limpieza y mantenimiento.

Este fenómeno es estructural, no es una cuestión de un gobierno en particular. Los gobiernos, incluido el autodenominado de la 4T, han recurrido al outsourcing cuando contratan servicios relacionados con su competencia y se prefiere “tercerizarlos” antes que crear plazas permanentes para llevarlos a cabo. Tal y como sucede con los actos masivos que la Presidencia de la República organiza en el Zócalo a través de su oficina de comunicación social. Eso es un ejemplo del outsourcing que se pretende prohibir a los particulares.

También, el sector público utiliza con amplitud el contrato de honorarios en el capítulo de servicios personales y los contratados no están inscritos en el ISSSTE o en el IMSS y que este año, por disposición presidencial, recibirán aguinaldo. Esto es un reconocimiento tácito de que se simula para dañar los derechos laborales y eludir el pago de las prerrogativas que corresponden a este tipo de trabajadores.

El sector público utiliza la subcontratación extensivamente, pero la reforma sólo se dirige a proteger a los trabajadores del sector privado. En ese caso se aplica, el “corrijo la paja en el ojo ajeno, pero me olvido de la viga en el propio”.

El aumento de la participación de los asalariados y no asalariados en el PIB es la fuente del bienestar social sostenible. Todo lo demás es demagogia. Urge una solución económica- jurídica y administrativa más creativa y atrevernos socialmente a abandonar los esquemas que fueron exitosos el siglo pasado. El impuesto a la nómina es obsoleto y hay que sustituirlo por las contribuciones al capital, a las utilidades corporativos y al consumo, pero de esto nada en la reforma para prohibir el outsourcing.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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